NÚMEROS GLOBALES
Durante el 2011, mientras el sector privado registró una capacidad de financiación del 4,5%, lo que quiere decir, que ahorró para saldar sus deudas, el Estado cerró el ejercicio con un 8,51% de déficit. El sector público gastó en 2011 91.344 millones de euros más de lo que ingresó. Eso demuestra la vieja teoría que el sector público es un pésimo gestor.
Pero, si analizamos detenidamente la distribución del tipo de cargos dentro del sector público español ¿tiene sentido bajar un 5% cada año a un funcionario de Justicia mientras vicepresidentes de organismos con competencias duplicadas cobran 90.000 €? En una empresa privada, en época de vacas flacas, no tiene sentido bajar el sueldo al personal de departamentos cuyo buen funcionamiento es determinante para el sostenimiento de la empresa (ventas, operaciones), y en cambio sí tiene sentido reducir puestos superfluos o de escaso valor añadido (secretarias, rrhh,etc).
En total, en una mañana nos hemos ahorrado 283.000 empleados públicos de escaso valor añadido de 445.000 políticos empleados en sector público, sobre 3 millones de empleados públicos, manteniendo el sueldo a los que sí valen. O sea hemos eliminado el 63% de los políticos empleados. Eliminando esos 283.000 tendríamos la misma proporción que tiene Alemania, con 300.000 menos. Si cada empleado público cuesta de media 40.000 euros brutos anuales, nos ahorramos 11.320 millones de euros anuales. Incluso nos podríamos permitir subir el un 5% el sueldo a los que queden, y favorecer su productividad.
Esos millones ahorrados se pueden invertir en economía productiva como: finalizar el Corredor Mediterráneo, reducción impuesto sociedades para que otros países como Irlanda no nos hagan "dumping" hasta que llegue la unión fiscal europea, aumento generación propia energía y reducción coste suministros para nuestras empresas; reducción coste peajes, licencias, tasas en aeropuertos y puertos, etc que reducen la competividad de nuestras empresas y, sobretodo, nos podría servir para aumentar la inversión en I+D, ciencia y protección industrial. Así los futuros nuevos parados provinientes del sector público podrían encontrar una profesión de valor añadido en el sector privado. Aunque tampoco serían tantos, porque estos políticos alternan varios cargos, así que aun les quedarían otras funciones.
Así pues, ¿sigue teniendo sentido bajar el sueldo a policías, bomberos, profesores, médicos, personal de Justicia, etc mientras los altos cargos y número empresas públicas de escaso valor añadido se multiplican? Porque no tendrá el mismo valor un médico interino que el vicepresidente segundo de la Fundación para la Memoria Histórica, o el vocal del Departamento de Estudio del Canto del Ruiseñor en el Rosellón. Básicamente opino que, más que bajar sueldos, hay que eliminar los puestos que sobran y motivar a los que se quedan.
Fijémonos bien, en España hay 3.186.000 personas trabajando para alguna de las Adminstraciones Públicas (más que comerciantes y hosteleros) y, de esos, hay 445.568 políticos empleados en el sector público, que son de los que voy a hablar más abajo. Éstos son el doble por habitante que Italia. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son las agencias de colocación perfectas de los partidos, con el 82% de los empleados públicos en España, mientras el 18% restante pertenece a la Administración Central. Parece claro que hemos de empezar de abajo a arriba.
¿QUÉ HARÍA YO?
Básicamente no bajar el sueldo, ya que es una medida de cara a la galería. Lo que haría sería más drástico:
A) Homogeneización de sueldos en territorio español. Aplica a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, etc y todo aquél susceptible a ser comparado con su compañero de otra área geográfica española. Caso flagrante representativo es el sueldo de Artur Mas, presidente de la Generalitat, comparado con el sueldo del presidente español, Rajoy. 145.000 versus 80.000 euros brutos anuales.
B) Eliminación de puestos de escaso valor añadido. A razón de:
A) Homogeneización de sueldos en territorio español. Aplica a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, etc y todo aquél susceptible a ser comparado con su compañero de otra área geográfica española. Caso flagrante representativo es el sueldo de Artur Mas, presidente de la Generalitat, comparado con el sueldo del presidente español, Rajoy. 145.000 versus 80.000 euros brutos anuales.
B) Eliminación de puestos de escaso valor añadido. A razón de:
- Entidades autonómicas y estatales de comercio exterior + difusión cultural en el exterior + políticos en embajadas: 4860. Pasaría a la mitad prohibiendo la interferencia autonomía-estado. Ahorro de 2430.
- Entidades vinculadas cine, teatro, cultura: 1415. Pasaría a la mitad prohibiendo la interferencia autonomía-estado (academias de cine por doquier, tvs autonómicas, etc) en una "industria" ya de por sí deficitaria. Ahorro de 707.
- Seguimiento de medios de comunicación y gabinetes de prensa: 7200. Eliminación total. ¿Para qué quiere el Estado-Autonomías controlar los medios de comunicación como en una dictadura bananera? Ahorro de 7200.
- Organismo de gestión catastrales: 2470. Pasaría a la mitad prohibiendo la interferencia autonomía-estado. Ahorro de 1235. Mejor un catastro centralizado para evitar los pelotazos urbanísticos en la costa.
- Cargos de designación directa en sistema educativo y sanitario: 17650. Todo cargo de designación directa hay que eliminarlo. Quien quiera trabajar en sector público, que oposite. Así evitamos los chanchullos en sanidad, con directores de institutos de salud autootorgándose proyectos como gerentes de consorcios hospitalarios; y la educación, que vengan los mejores, en vez de intentar infiltrar soviets para controlar la mente de los futuros votantes. Ahorro 17650.
- Cámaras de Comercio: 6000. Pasaría a la mitad, su función es favorecer la actividad empresarial, no ser un sumidero de enchufados. Ahorro: 3000.
- Patronales: 31.000. A los empleados de las patronales que les pague la patronal con las cuotas de sus asociados, no los españoles. Eliminación total. Ahorro: 31.000.
- Sindicalistas liberados: 65.130. A los sindicalistas que les paguen los sindicatos con las cuotas de sus asociados, no los españoles. Eliminación total. Ahorro: 65.130. Y si amenazan con parar el país, pues sacar el ejército a lo Thacher o Reagan.
- Observatorios y entes asesores + consejos económicos: 7400. Eso va implícito en el cargo de los funcionarios que se quedan. Si soy directivo de una empresa, no puedo contratar a alguien para que me asesore cómo hacer mi trabajo, es inmoral. Así que eliminación total. Ahorro: 7400.
- Políticos contratados como cargos de confianza + diputaciones: 40.970. Eliminación total. Quien quiera trabajar en sector público, que se saque oposiciones. Ahorro: 40.970.
- Políticos en empresas públicas: 131.000. Pasar a la mitad. Sustituirlos por los mejores candidatos provinientes de la empresa privada. Como ejemplo, la BBC, que buscó un director de informativos en vez de ponerlo a dedo. Ahorro: 65.500.
- Mancomunidades + diputados provinciales: 3831. Los únicos niveles que deben permanecer son Estado-Autonomía-Ayuntamiento. Eliminación de consejos comarcales, diputaciones, mancomunidades, etc. Eliminación total. Ahorro: 3831
- Alcaldes + concejales: 74008. Fusionando municipios podemos reducir a la mitad. Ahorro: 37.004.
En total, en una mañana nos hemos ahorrado 283.000 empleados públicos de escaso valor añadido de 445.000 políticos empleados en sector público, sobre 3 millones de empleados públicos, manteniendo el sueldo a los que sí valen. O sea hemos eliminado el 63% de los políticos empleados. Eliminando esos 283.000 tendríamos la misma proporción que tiene Alemania, con 300.000 menos. Si cada empleado público cuesta de media 40.000 euros brutos anuales, nos ahorramos 11.320 millones de euros anuales. Incluso nos podríamos permitir subir el un 5% el sueldo a los que queden, y favorecer su productividad.
Esos millones ahorrados se pueden invertir en economía productiva como: finalizar el Corredor Mediterráneo, reducción impuesto sociedades para que otros países como Irlanda no nos hagan "dumping" hasta que llegue la unión fiscal europea, aumento generación propia energía y reducción coste suministros para nuestras empresas; reducción coste peajes, licencias, tasas en aeropuertos y puertos, etc que reducen la competividad de nuestras empresas y, sobretodo, nos podría servir para aumentar la inversión en I+D, ciencia y protección industrial. Así los futuros nuevos parados provinientes del sector público podrían encontrar una profesión de valor añadido en el sector privado. Aunque tampoco serían tantos, porque estos políticos alternan varios cargos, así que aun les quedarían otras funciones.
El conjunto del Estado necesitó en 2011 122.926 millones de euros para pagar las remuneraciones de los empleados públicos, según datos de las cuentas no financieras de la contabilidad nacional. Lo que significa que para abonar las nóminas de los tres millones de empleados públicos que existen, incluidos los políticos y asesores, España tuvo que emplear la totalidad de los ingresos por IRPF (69.803 millones) y por IVA (49.302), los dos principales impuestos. Además, tuvo que sumar casi una cuarta parte de la caja por el Impuesto de Sociedades. Eso es alarmante. El coste salarial público no debería utilitzar el 100% de la recaudación de impuestos, sino máximo pongamos un 50%. El resto, dedicarse a infraestructuras, inversiones, investigación, préstamos para la internacionalización de empresas, etc. La economía productiva debería tirar del sector público, no ser "devorado" por él.
Ante hechos y números tan graves hay que actuar de manera impactante. Dada la estructura clientelar, fósil y antimeritocrática del Estado español, con connivencia entre políticos, banca y sector privado (a través de expolíticos en consejos de administración), es necesario un golpe de fuerza para implementar una medida del calado que comentaba antes, ya que nadie tiene intención de cambiar, y el PPPSOE menos. Para ello, nada mejor que un partido minoritario que borre ese lastre de telaraña de poder generada durante décadas por bipartidismo, con una mayoría absoluta en elecciones, y no dude en usar el ejército, que para algo lo costeamos, para evitar que estos chupópteros nos bloqueen la economía.
No creo que los altos cargos, gente de confianza o diputados vayan a protestar en la Castellana para luchar por sus derechos. El ejército se encargaría, por ejemplo, de proteger a los empresarios y empleados para que no fuesen "forzados" a secundar huelgas generales de los sindicatos, así se respetaría la libertad de todos los ciudadanos. Lo que no puede ser es que en España ya haya tantos empleados públicos como empresarios. Empecemos por eliminar los que sobran: políticos, altos cargos, personal a dedo, más que cargar contra los funcionarios anónimos con menos ingresos, cuya labor es imprescindible para que el Estado funcione.
BAIXAR EL SOU ALS FUNCIONARIS? (CAT)
NOMBRES GLOBALS
Un estudi intern elaborat per assesors de la Presidència del Govern desvetlla que Espanya és el país europeu amb major nombre de polítics amb càrrecs públics per habitants de tota Europa. Així que la resposta a aquest post pogués ser fàcil, davant la crisi econòmica espanyola i retallades en la despesa pública impostos des de Brussel·les, sembla que el lògic seria baixar el sou als funcionaris.
Però, si analitzem detingudament la distribució del tipus de càrrecs dins del sector públic espanyol té sentit baixar un 5% cada any a un funcionari de Justícia mentre vicepresidents d'organismes amb competències duplicades cobren 90.000 €? En una empresa privada, en època de vaques flaques, no té sentit baixar el sou al personal de departaments el bon funcionament dels quals és determinant per al sosteniment de l'empresa (vendes, operacions), i en canvi sí té sentit reduir llocs superflus o d'escàs valor afegit (secretàries, rrhh,etc).
Així doncs, segueix tenint sentit baixar el sou a policies, bombers, professors, metges, personal de Justícia, etc mentre els alts càrrecs i nombre empreses públiques d'escàs valor afegit es multipliquen? Perquè no tindrà el mateix valor un metge interí que el vicepresident segon de la Fundació per a la Memòria Històrica, o el vocal del Departament d'Estudi del Cant del Rossinyol en el Rosselló. Bàsicament opino que, més que baixar sous, cal eliminar els llocs que sobren i motivar als quals es queden.
Fixem-nos bé, a Espanya hi han 3.186.000 persones treballant per alguna de les Adminstracions Públiques (més que comerciants i hostelers) i, d'aquests, hi han 445.568 polítics emprats en el sector públic, que són dels que parlaré a sota. Aquests són el doble per habitant que Itàlia. Les Comunitats Autònomes i Ajuntaments són les agències de col.locació perfectes dels partits, amb el 82% dels empleats públics a Espanya, mentres el 18% restant pertànyen a l'Administració Central. Sembla doncs clar que hem de començar d'abaix a dalt.
No creo que los altos cargos, gente de confianza o diputados vayan a protestar en la Castellana para luchar por sus derechos. El ejército se encargaría, por ejemplo, de proteger a los empresarios y empleados para que no fuesen "forzados" a secundar huelgas generales de los sindicatos, así se respetaría la libertad de todos los ciudadanos. Lo que no puede ser es que en España ya haya tantos empleados públicos como empresarios. Empecemos por eliminar los que sobran: políticos, altos cargos, personal a dedo, más que cargar contra los funcionarios anónimos con menos ingresos, cuya labor es imprescindible para que el Estado funcione.
BAIXAR EL SOU ALS FUNCIONARIS? (CAT)
NOMBRES GLOBALS
Durant el 2011, mentres el sector privat va registrar una capacitat de finançament del 4,5%, la qual cosa vol dir que va estalviar per saldar els seus deutes, l'Estat va tancar l'exercici amb un 8,51% de dèficit. El sector públic va gastar al 2011 91.344 milions d'euros més dels que va ingressar. Això demostra la vella teoria que el sector públic és un pèssim gestor.
Però, si analitzem detingudament la distribució del tipus de càrrecs dins del sector públic espanyol té sentit baixar un 5% cada any a un funcionari de Justícia mentre vicepresidents d'organismes amb competències duplicades cobren 90.000 €? En una empresa privada, en època de vaques flaques, no té sentit baixar el sou al personal de departaments el bon funcionament dels quals és determinant per al sosteniment de l'empresa (vendes, operacions), i en canvi sí té sentit reduir llocs superflus o d'escàs valor afegit (secretàries, rrhh,etc).
Així doncs, segueix tenint sentit baixar el sou a policies, bombers, professors, metges, personal de Justícia, etc mentre els alts càrrecs i nombre empreses públiques d'escàs valor afegit es multipliquen? Perquè no tindrà el mateix valor un metge interí que el vicepresident segon de la Fundació per a la Memòria Històrica, o el vocal del Departament d'Estudi del Cant del Rossinyol en el Rosselló. Bàsicament opino que, més que baixar sous, cal eliminar els llocs que sobren i motivar als quals es queden.
Fixem-nos bé, a Espanya hi han 3.186.000 persones treballant per alguna de les Adminstracions Públiques (més que comerciants i hostelers) i, d'aquests, hi han 445.568 polítics emprats en el sector públic, que són dels que parlaré a sota. Aquests són el doble per habitant que Itàlia. Les Comunitats Autònomes i Ajuntaments són les agències de col.locació perfectes dels partits, amb el 82% dels empleats públics a Espanya, mentres el 18% restant pertànyen a l'Administració Central. Sembla doncs clar que hem de començar d'abaix a dalt.
QUÈ FARIA JO?
Bàsicament no baixar els sous, ja que són una mesura de cara a la galeria. El que faria seria més dràstic:
A) Homogeneïtzació de sous en territori espanyol. Aplica a alcaldes, presidents de comunitats autònomes, etc i tot aquell susceptible a ser comparat amb el seu company d'una altra àrea geogràfica espanyola. Cas flagrant representatiu és el sou d' Artur Mas, president de la Generalitat, comparat amb el sou del president espanyol, Rajoy. 145.000 versus 80.000 euros bruts anuals.
B) Eliminació de llocs de treball d'escàs valor afegit. A raó de:
En total, en un matí ens hem estalviat 283.000 empleats públics d'escàs valor afegit de 445.000 polítics emprats en sector públic, sobre 3 milions d'empleats públics, mantenint el sou als quals sí valen. O sigui hem eliminat el 63% dels polítics empleats. Eliminant aquests 283.000 tindríem la mateixa proporció que té Alemanya, amb 300.000 menys. Si cada empleat públic costa de mitjana 40.000 euros bruts anuals, ens estalviem 11.320 milions d'euros anuals. Fins i tot ens podríem permetre pujar l'un 5% el sou als quals quedin, i afavorir la seva productivitat.
Aquests milions estalviats es poden invertir en economia productiva com: finalitzar el Corredor Mediterrani, reducció imposat societats perquè altres països com Irlanda no ens facin "dúmping" fins que arribi la unió fiscal europea, augmento generació pròpia energia i reducció cost subministraments per a les nostres empreses; reducció cost peatges, llicències, taxes en aeroports i ports, etc que redueixen la competivitat de les nostres empreses i, sobretot, ens podria servir per augmentar la inversió en R+D, ciència i protecció industrial. Així els futurs nous aturats provinents del sector públic podrien trobar una professió de valor afegit en el sector privat. Encara que tampoc serien tants, perquè aquests polítics alternen diversos càrrecs, així que àdhuc els quedarien altres funcions.
El conjunt de l'Estat va necessitar en 2011 122.926 milions d'euros per pagar les remuneracions dels empleats públics, segons dades dels comptes no financers de la comptabilitat nacional. El que significa que per abonar les nòmines dels tres milions d'empleats públics que existeixen, inclosos els polítics i assessors, Espanya va haver d'emprar la totalitat dels ingressos per IRPF (69.803 milions) i per IVA (49.302), els dos principals impostos. A més, va haver de sumar gairebé una quarta part de la caixa per l'Impost de Societats. Això és alarmant. El cost salarial públic no hauria d'utilitzar el 100% de la recaptació d'impostos, sinó màxim posem un 50%. La resta, dedicar-se a infraestructures, inversions, investigació, préstecs per a la internacionalització d'empreses, etc. L'economia productiva hauria de tirar del sector públic, no ser "devorat" per ell.
Davant fets i nombres tan greus cal actuar de manera impactant. Donada l'estructura clientelar, fòssil i antimeritocràtica de l'Estat espanyol, amb connivència entre polítics, banca i sector privat (a través d'expolítics en consells d'administració), és necessari un cop de força per implementar una mesura del calat que comentava abans, ja que ningú té intenció de canviar, i el PPPSOE menys. Per a això, gens millor que un partit minoritari que esborri aquest llast de teranyina de poder generada durant dècades per bipartidisme, amb una majoria absoluta en eleccions, i no dubti a usar l'exèrcit, que para alguna cosa ho paguem, per evitar que aquests xupòpters ens bloquegin l'economia.
No crec que els alts càrrecs, gent de confiança o diputats vagin a protestar en la Castellana per lluitar pels seus drets. L'exèrcit s'encarregaria, per exemple, de protegir als empresaris i empleats perquè no anessin "forçats" a secundar vagues generals dels sindicats, així es respectaria la llibertat de tots els ciutadans. El que no pot ser és que a Espanya ja hi hagi tants empleats públics com a empresaris. Comencem per eliminar els que sobren: polítics, alts càrrecs, personal a dit, més que carregar contra els funcionaris anònims amb menys ingressos, la labor dels quals és imprescindible perquè l'Estat funcioni.
A) Homogeneïtzació de sous en territori espanyol. Aplica a alcaldes, presidents de comunitats autònomes, etc i tot aquell susceptible a ser comparat amb el seu company d'una altra àrea geogràfica espanyola. Cas flagrant representatiu és el sou d' Artur Mas, president de la Generalitat, comparat amb el sou del president espanyol, Rajoy. 145.000 versus 80.000 euros bruts anuals.
B) Eliminació de llocs de treball d'escàs valor afegit. A raó de:
- Entitats autonòmiques i estatals de comerç exterior + difusió cultural en l'exterior + polítics en ambaixades: 4.860. Passaria a la meitat prohibint la interferència autonomia-estat. Estalvi de 2.430.
- Entitats vinculades cinema, teatre, cultura: 1.415. Passaria a la meitat prohibint la interferència autonomia-estat (acadèmies de cinema per onsevulla, tvs autonòmiques, etc) en una "indústria" ja de per sí deficitària. Estalvi de 707.
- Seguiment de mitjans de comunicació i gabinets de premsa: 7200. Eliminació total. Per què vol l'Estat-Autonomies controlar els mitjans de comunicació com en una dictadura bananera? Estalvi de 7.200.
- Organisme de gestió cadastrals: 2.470. Passaria a la meitat prohibint la interferència autonomia-estat. Estalvi de 1.235. Millor un cadastre centralitzat per evitar els "pelotazos" urbanístics en la costa.
- Càrrecs de designació directa en sistema educatiu i sanitari: 17.650. Tot càrrec de designació directa cal eliminar-ho. Qui vulgui treballar en sector públic, que faci oposicions. Així evitem els tripijocs en sanitat, amb directors d'instituts de salut auto atorgant-se projectes com a gerents de consorcis hospitalaris; i l'educació, que vinguin els millors, en comptes d'intentar infiltrar soviets per controlar la ment dels futurs votants. Estalvi 17.650.
- Cambres de comerç: 6.000. Passaria a la meitat, la seva funció és afavorir l'activitat empresarial, no ser un embornal d'endollats. Estalvi: 3.000.
- Patronals: 31.000. Als empleats de les patronals que els pagui la patronal amb les quotes dels seus associats, no els espanyols. Eliminació total. Estalvi: 31.000.
- Sindicalistes alliberats: 65.130. Als sindicalistes que els paguin els sindicats amb les quotes dels seus associats, no els espanyols. Eliminació total. Estalvi: 65.130. I si amenacen amb parar el país, doncs treure l'exèrcit com van fer la Thacher o el Reagan.
- Observatoris i ens assessoris + consells econòmics: 7.400. Això va implícit en el càrrec dels funcionaris que es queden. Si sóc directiu d'una empresa, no puc contractar a algú perquè m'assessori com fer el meu treball, és immoral. Així que eliminació total. Estalvi: 7.400.
- Polítics contractats com a càrrecs de confiança + diputacions: 40.970. Eliminació total. Qui vulgui treballar en sector públic, que es tregui oposicions. Estalvi: 40.970.
- Polítics en empreses públiques: 131.000. Passar a la meitat. Substituir-los pels millors candidats provenents de l'empresa privada. Com a exemple, la BBC, que va buscar un director d'informatius en comptes de posar-ho a dit. Estalvi: 65.500.
- Mancomunitats + diputats provincials: 3.831. Els únics nivells que han de romandre són Estat-Autonomia-Ajuntament. Eliminació de consells comarcals, diputacions, mancomunitats, etc. Eliminació total. Estalvi: 3.831
- Alcaldes + regidors: 74008. Fusionant municipis podem reduir a la meitat. Estalvi: 37.004.
En total, en un matí ens hem estalviat 283.000 empleats públics d'escàs valor afegit de 445.000 polítics emprats en sector públic, sobre 3 milions d'empleats públics, mantenint el sou als quals sí valen. O sigui hem eliminat el 63% dels polítics empleats. Eliminant aquests 283.000 tindríem la mateixa proporció que té Alemanya, amb 300.000 menys. Si cada empleat públic costa de mitjana 40.000 euros bruts anuals, ens estalviem 11.320 milions d'euros anuals. Fins i tot ens podríem permetre pujar l'un 5% el sou als quals quedin, i afavorir la seva productivitat.
Aquests milions estalviats es poden invertir en economia productiva com: finalitzar el Corredor Mediterrani, reducció imposat societats perquè altres països com Irlanda no ens facin "dúmping" fins que arribi la unió fiscal europea, augmento generació pròpia energia i reducció cost subministraments per a les nostres empreses; reducció cost peatges, llicències, taxes en aeroports i ports, etc que redueixen la competivitat de les nostres empreses i, sobretot, ens podria servir per augmentar la inversió en R+D, ciència i protecció industrial. Així els futurs nous aturats provinents del sector públic podrien trobar una professió de valor afegit en el sector privat. Encara que tampoc serien tants, perquè aquests polítics alternen diversos càrrecs, així que àdhuc els quedarien altres funcions.
El conjunt de l'Estat va necessitar en 2011 122.926 milions d'euros per pagar les remuneracions dels empleats públics, segons dades dels comptes no financers de la comptabilitat nacional. El que significa que per abonar les nòmines dels tres milions d'empleats públics que existeixen, inclosos els polítics i assessors, Espanya va haver d'emprar la totalitat dels ingressos per IRPF (69.803 milions) i per IVA (49.302), els dos principals impostos. A més, va haver de sumar gairebé una quarta part de la caixa per l'Impost de Societats. Això és alarmant. El cost salarial públic no hauria d'utilitzar el 100% de la recaptació d'impostos, sinó màxim posem un 50%. La resta, dedicar-se a infraestructures, inversions, investigació, préstecs per a la internacionalització d'empreses, etc. L'economia productiva hauria de tirar del sector públic, no ser "devorat" per ell.
Davant fets i nombres tan greus cal actuar de manera impactant. Donada l'estructura clientelar, fòssil i antimeritocràtica de l'Estat espanyol, amb connivència entre polítics, banca i sector privat (a través d'expolítics en consells d'administració), és necessari un cop de força per implementar una mesura del calat que comentava abans, ja que ningú té intenció de canviar, i el PPPSOE menys. Per a això, gens millor que un partit minoritari que esborri aquest llast de teranyina de poder generada durant dècades per bipartidisme, amb una majoria absoluta en eleccions, i no dubti a usar l'exèrcit, que para alguna cosa ho paguem, per evitar que aquests xupòpters ens bloquegin l'economia.
No crec que els alts càrrecs, gent de confiança o diputats vagin a protestar en la Castellana per lluitar pels seus drets. L'exèrcit s'encarregaria, per exemple, de protegir als empresaris i empleats perquè no anessin "forçats" a secundar vagues generals dels sindicats, així es respectaria la llibertat de tots els ciutadans. El que no pot ser és que a Espanya ja hi hagi tants empleats públics com a empresaris. Comencem per eliminar els que sobren: polítics, alts càrrecs, personal a dit, més que carregar contra els funcionaris anònims amb menys ingressos, la labor dels quals és imprescindible perquè l'Estat funcioni.
